Con el objetivo de profundizar en el análisis dogmático y procesal de la tutela penal de la indemnidad sexual frente a la libertad sexual, la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) llevó a cabo el taller “Delitos contra la Indemnidad Sexual”, dictado por la facilitadora Desiree Vitale.
La actividad examinó la configuración de los tipos penales en el ordenamiento venezolano, así como los estándares probatorios e internacionales aplicables a la materia, delimitando la diferencia entre libertad e indemnidad sexual. El encuentro se estructuró en cuatro módulos: Fundamentos cronológicos y dogmáticos de la indemnidad sexual; Tipos penales en el marco legal venezolano; Singularidades y curiosidades dogmáticas en la configuración del tipo penal; e Instituciones procesales y perspectiva probatoria en delitos sexuales.
Se destacó que la indemnidad sexual es un derecho humano intangible amparado en el principio de progresividad. La ponente se sustentó en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: en las garantías del ejercicio de derechos (Art. 19), la jerarquía de los tratados internacionales (Art. 23) y el interés superior y prioridad absoluta de la infancia (Art. 78). A nivel internacional, se contemplaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará y el Estatuto de Roma.
Un punto central fue la distinción entre libertad sexual que es la facultad de decidir con plena voluntad sobre la propia sexualidad, e indemnidad sexual, entendida como la protección legal superior a sujetos que, por su condición evolutiva o mental, no pueden decidir sobre ella.
Entre los sujetos de protección reforzada figuran los Niños, niñas y adolescentes: por el desarrollo progresivo de su madurez psicosexual, las Personas con discapacidad mental: por carecer de capacidad evolutiva o discernimiento; y las Personas en vulnerabilidad situacional: por incapacidad de resistencia temporal o permanente.
Con esta actividad, los órganos de control y la administración pública reafirman su compromiso con la formación técnica y la defensa integral de los sectores más vulnerables.
