#Entérate || La Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), dictó el taller: “Identificación del Beneficiario Final y otras estructuras jurídicas en la administración de riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM)», facilitado por la Abg. Yabandra Lorca, el cual contó con la participación de 161 funcionarios públicos.
La ponencia destacó el control efectivo que los Beneficiarios Finales, personas naturales que buscan ocultar su identidad y cometer transacciones ilícitas a través de terceros, ejercen sobre las personas o estructuras jurídicas, así como la relevancia de los entes de control para encargarse de mitigar los riesgos a la hora de identificarlos. Este último punto fue desarrollado con mayor amplitud al explicar cómo se pueden detectar los mismos, mediante la denominada “Prueba en cascada”, un mecanismo secuencial que consiste en tres pasos:
Paso 1: Titularidad, el cual consiste en detectar la existencia de una persona natural que tiene una participación mayoritaria en el capital de la empresa o sociedad investigada. Si tras ese paso no se logra dar con el Beneficiario Final, se continua con el Paso 2: Control, donde se indagaba sobre aquel individuo que pudiera ejercer control efectivo mediante otros medios, como acuerdos de accionistas o derechos de veto. Si para este punto aún existen dudas sobre la persona identificada, se llega al Paso 3: Dirección, en el que se verifica la identidad de la persona natural que ocupa el puesto de directivo principal.
Asimismo, la Abogada, hizo referencia a la importancia de detectar a los Beneficiarios Finales que actúan fuera de la ley, para de esa forma prevenir delitos, favorecer la transparencia e impedir que los delincuentes oculten sus actividades ilícitas a través de estructuras corporativas complejas o personas jurídicas.
La ONCDOFT continúa reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de los mecanismos de control sobre las estructuras jurídicas, mitigando riesgos y garantizando la integridad del sistema económico nacional frente a delitos financieros.
